Abstract
La digitalización del sector financiero ha afectado negativamente a varios colectivos, que tienen dificultades para acceder a los servicios financieros digitales. Para garantizar la inclusión financiera de todos los ciudadanos pueden adoptarse diversas soluciones, justificadas por razones éticas, económicas o jurídicas, que pueden proceder tanto de los agentes del mercado como de las autoridades públicas. Entre estas últimos, como alternativa excepcional, algunos servicios financieros -considerados esenciales- podrían clasificarse como servicios de interés económico general, exigiendo su prestación presencial a través de obligaciones de servicio público.
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